La escuela de todos


 

Pedro Ortega
Universidad de Murcia

Familia, comunidad educativa y escuela, todavía, no han encontrado el camino de una positiva colaboración, y más que caminar hacia un punto de encuentro, se va en una dirección en la que cada vez se alejan más las posiciones de ambos interlocutores necesarios. En la raíz de este distanciamiento late un concepto distinto de la escuela como servicio público, y un modo, también distinto, de entender el papel de la familia y de la comunidad en la educación de los hijos. Se suele atribuir al Estado una competencia “total” en la formación integral de la persona, invadiendo competencias que no le pertenecen. Son la familia y la comunidad los actores principales de la educación de los hijos y los principales responsables. Es la familia y la comunidad o tribu, como dice un refrán africano,  el habitat natural de la educación de los hijos.   Cuando venimos a este mundo nos incorporamos a una comunidad que ya tiene unas costumbres, tradiciones, lengua, instituciones, es decir, una cultura que nos aporta una manera determinada de interpretar el mundo y de insertarnos en él. Heredamos una gramática cultural a través de la cual podemos entender quiénes somos y de dónde venimos. Es la comunidad la que nos educa y hace que, además de ser biología, seamos también cultura.

Existe un acuerdo generalizado en que debemos educar a la persona, y ésta en su totalidad. Si decimos que debemos educar no podemos, entonces, prescindir de los valores éticos como contenidos ineludibles de cualquier proceso educativo, pues no hay posibbilidad alguna de llevar a cabo un proceso educativo si los valores no están presentes en él. Cuando se educa, se hace desde lo que es el ser humano. Y este no es un ser biológico desnudo de cultura, es decir, de valores desde los cuales exige ser interpretado. Cultura y naturaleza se entrecruzan en el ser humano, hasta el punto de que es difícil separar en él lo que es naturaleza y cultura. Hasta las conductas instintivas, heredadas por la biología, están mediadas por la cultura.

La afirmación de educar a la totalidad de la persona se asume, en el discurso, con toda naturalidad. Ingenuamente se piensa que basta la simple afirmación de un propósito para que éste milagrosamente se traduzca en la práctica. Y la experiencia nos dice que no es así. Son muchas las constituciones de los Estados que proclaman unos derechos que sólo tienen existencia en el papel. En la conciencia colectiva el aprendizaje de los valores, como equipamiento ético-moral para la formación ciudadana, todavía es una asignatura pendiente. La educación ética-moral ha ocupado, hasta ahora, un segundo lugar en la preocupación de la sociedad. Ésta ha demandado, con mayor urgencia, una formación intelectual y la preparación científico-técnica de las nuevas generaciones para su inserción en el mercado laboral. Y para este fin, la formación ético-moral no es relevante. Se infravaloran los graves problemas éticos que están afectando a nuestra sociedad, que no encuentran en los conocimientos científicos la respuesta más adecuada. La ciencia no nos hace de por sí mejores ciudadanos. La experiencia nos dice, una y otra vez, que los mayores crímenes han venido de la mano de personas cultas, instruidas, que no han tenido reparo en violentar los derechos de los demás, incluso hasta quitarles la vida. El Holocausto es el mejor testimonio. Si se quiere construir una sociedad civilizada se ha de hacer sobre los cimientos de la ética, sobre la justicia y la solidaridad. Y en este quehacer, la familia y la comunidad o tribu desempeñan un papel indispensable como habitat natural del aprendizaje de los valores. Considero que en las actuales circunstancias de la sociedad occidental, la familia se ha convertido en el espacio, no sólo en el más adecuado, quizás en el único en el que es posible apropiarse de los valores éticos.

Con frecuencia se olvida que los valores éticos, que hacen posible el aprendizaje del “buen ciudadano”, nunca encuentran su anclaje adecuado en el marco exclusivo del centro escolar. Reclaman unos referentes éticos que reflejen, en experiencias valiosas y cotidianas, la complejidad de la vida real. El intento de “escolarizar” los valores es la peor de las estrategias para su enseñanza pues irremediablemente se la circunscribe al ámbito de las asignaturas. Y la enseñanza del valor trasciende las disciplinas, los horarios y las aulas; forma parte de un proyecto en el que está implicada toda la comunidad educativa como referente y garante necesario de ese proyecto. Delegar en el centro escolar la enseñanza de los valores es un grave error, significa desconocer la naturaleza misma del valor ético-moral que exige para su aprendizaje la referencia a la experiencia del valor, y la escuela es un medio del todo insuficiente para este tipo de aprendizajes.

¿Qué hacer entonces? ¿Prescindimos de la escuela en la educación de nuestros hijos? De ninguna manera. Pero la escuela debe cumplir con unos requisitos para que pueda desempeñar una función también educadora, no sólo instructiva. Hasta ahora, la sociedad ha demandado (de hecho) a la escuela una formación intelectual y el aprendizaje de competencias científico-técnicas. De otro lado, el discurso educativo y político actual incide claramente en la exigencia de formar mejores ciudadanos. Pero aprender a ser buen ciudadano rebasa los aprendizajes cognitivos y competenciales que la escuela propone. Este “nuevo” aprendizaje exige la apropiación de actitudes y valores éticos (tolerancia, diálogo, justicia, solidaridad, respeto al medio ambiente, etc.), indispensables para el ejercicio de la ciudadanía; requiere intervenciones y responsabilidades compartidas que implican tanto a las familias como a las instituciones sociales, tanto a los gobiernos como a las empresas, a los medios de comunicación como a las comunidades de sentido. Todos los intentos desplegados, hasta ahora, por delegar en la escuela la resolución de los problemas que la propia sociedad ha generado (violencia, corrupción, contaminación ambiental, etc. ) constituyen la historia de un largo fracaso y ponen de manifiesto la profunda separación existente entre familia-comunidad y escuela, como si de dos mundos distintos, y a veces opuestos, se tratara.

El discurso sobre las relaciones entre familia-comunidad y escuela es ya un tópico recurrente. Podríamos añadir que es un discurso poco útil para salir de la crisis pues, en los términos en los que se está planteando, no va nunca a la raíz del problema. Éste no radica en las actitudes “encontradas” del profesorado y de las familias, repetidamente aducidas. El distanciamiento e indiferencia de la comunidad y la familia hacia la escuela son síntomas, no causas del problema. Si esta situación, ya enquistada, de mutuo desconocimiento entre familia y escuela ha perdurado en el tiempo, y ha resistido intentos de mejora, habría que plantearse si las causas de esta situación, no deseable, habría que buscarlas en el mismo marco legal que regula el funcionamiento de los centros públicos de enseñanza. Quizás sea el modelo de escuela el que está puesto en cuestión; quizás sea la situación de aislamiento social de la escuela la que esté impidiendo, en la práctica, la toma de decisiones que podrían responder mejor a las necesidades de la sociedad actual, y superar, de este modo, la fractura que separa a la institución escolar de la realidad de su entorno; quizás sea la estructura organizativa de la escuela la que demanda un cambio en profundidad. Sólo desde una acción concertada de toda la comunidad educativa y el Estado se puede superar la situación de esclerosis que está afectando a la institución escolar. Todo intento de soluciones cosméticas del problema, que deje fuera a la familia y  la comunidad, no sería más que alargar una situación que se hace ya insostenible.

Uno de los aspectos más preocupantes que se detectan en las relaciones entre familia-comunidad y escuela es el hecho de haber transferido a los centros de enseñanza el tipo de relaciones que las familias mantienen con el conjunto de la sociedad. Las familias, en su gran mayoría, se consideran “clientes”, consumidores de los servicios educativos a los que demandan mayor calidad en los productos. La familia-comunidad ha delegado su función educadora y socializadora, convirtiendo a los centros de enseñanza en la institución “total”, asumiendo ésta tanto la formación integral de la persona como el desarrollo cognitivo y cultural. Pero el problema de fondo radica en la escasa conciencia colectiva de la necesidad de la implicación efectiva de la familia-comunidad en todo el proceso educativo y socializador de los alumnos, y en la falta de voluntad política para afrontar el cambio que viene reclamando, desde hace mucho tiempo, la vieja estructura organizativa del sistema educativo.

Considero que en la raíz del distanciamiento entre familia-comunidad y escuela están:

  • a) el déficit de cultura participativa sin la cual no es posible desarrollar una relación fluida de la familia-comunidad con la escuela; b) una resistencia a la presencia de la comunidad y la familia en el centro escolar desde una concepción de la escuela como territorio propio, exclusivo del Estado; c) la influencia de modelos escolares cerrados que impiden la incorporación de aquellos aspectos que suponen un cambio profundo en la participación de las familias en la gestión y control de los centros educativos; d) la utilización de la familia como auxiliar de la escuela, práctica que responde a una concepción piramidal y utilitaria de la familia que dista mucho de lo que debería ser una participación efectiva de las familias en la vida y gestión de los centros de enseñanza; y e) una deficiente formación del profesorado, de los padres y madres en la cultura de la colaboración y cogestión de los centros escolares.

Desde el discurso “políticamente correcto” se acepta, sin dificultad, que sin la participación de las familias y la comunidad en la labor de la escuela no es posible garantizar una educación adecuada a las jóvenes generaciones. Sin embargo, las responsabilidades compartidas entre familia-comunidad y escuela se limitan, en la práctica, al plano de la retórica discursiva. Si el marco legal no garantiza la participación efectiva de la familia en la gestión de los centros de enseñanza, es un contrasentido demandar una educación de más calidad y mantener, al mismo tiempo, la estructura de un sistema que no está favoreciendo dicha participación.

Considero imprescindibles algunas actuaciones que propicien un cambio en las relaciones entre familia-comunidad y escuela:

  • a) Promover la autonomía efectiva de los centros, favoreciendo la búsqueda de señas de identidad propias de cada centro en función del contexto socio-cultural en el que está situado, de tal modo que los proyectos educativos de centro respondan a las necesidades e intereses de los sujetos y de su medio. Ello conlleva la superación de un modelo de representación formal y estamental que no significa otra cosa que la transferencia de un modelo de representación política a una institución educativa, y que impide dotar a los centros de una verdadera cultura democrática, de señas de identidad. Defiendo, por tanto, la estricta competencia subsidiaria del Estado en la educación, dejando a los padres la responsabilidad para decidir qué educación quieren para sus hijos de acuerdo con sus concepciones sobre el hombre y el mundo.
  • b) Esta autonomía exige la participación efectiva de las familias y la comunidad en aquellas decisiones que afectan a la gestión directa del centro de modo que se sientan implicadas y comprometidas con un proyecto del que ellas también son corresponsables. Y ello porque en una sociedad democrática, en la que cada vez se demanda más participación y corresponsabilidad en los asuntos públicos, no debe haber parcelas de la misma en las que la comunidad educativa se vea apartada, o sólo sea invitada a participar a título de oyente. Las escuelas ya no pueden ser castillos fortificados dentro de sus comunidades. Confiar a la sola aplicación de estrategias o recursos didácticos la tarea de educar, sin cambiar la estructura organizativa de la escuela, constituye un “brindis al sol”. El modelo de escuela que aquí se propone se adapta a las distintas posibilidades e iniciativas de cada comunidad, dando lugar a una enriquecedora pluralidad en las formas de participación de la comunidad en la gestión de la escuela. Se hacen necesarias formas nuevas de organización de los centros que les rescaten de la deficiente organización democrática que padecen.
  • c) Es necesario, además, un cambio en la cultura de enseñar, una nueva filosofía de la educación que invierta las prioridades y los papeles de los agentes de la enseñanza, que sitúe al profesor en un escenario distinto y lo coloque en una “situación ética” en la que el alumno/a deje de ser objeto de “conocimiento y de control” para convertirse en interlocutor necesario en su proceso de construcción personal. Por ello se demanda una competencia ético-moral en los profesores que dé a la tarea de enseñar la dimensión ética que toda acción educativa de suyo reclama.

Soy consciente de que semejante propuesta choca con las intenciones e intereses de los grupos de poder político y socioeconómico, reacios a dejar en manos, no controladas por ellos, un instrumento de control social tan eficaz como la institución educativa. La idea de que la educación de las jóvenes generaciones es responsabilidad del Estado ha calado profundamente en la conciencia colectiva, dejando en manos de éste la posibilidad de conformar, a través de la escuela, modos sociales de pensar y de vivir, dando lugar con ello a una sociedad de individuos “administrados”, no de ciudadanos responsables del funcionamiento de su comunidad. Esta concepción politica de la escuela y de la educación responde a un modelo de Estado invasivo, temeroso de la libertad, alejado de una praxis democrática en la organización de la sociedad en la que los individuos no son súbdditos, sino ciudadanos libres y responsables.

Los educadores hemos actuado muchas veces como si nuestra responsabilidad como tales empezara y acabara dentro de las paredes de nuestro centro de enseñanza, ignorando nuestra responsabilidad también hacia la sociedad de la que formamos parte. El alumno/a del que debemos responder hoy es el ciudadano del futuro que ha de afrontar los retos de tener que vivir en una sociedad compleja. A este alumno/a le debemos ayudar a ir adquiriendo un equipaje (herramientas) que le permita integrarse activamente en la sociedad. Para ello, es indispensable que los educadores no veamos sólo aprendices para hoy, sino ciudadanos adultos para mañana.

“No se han hecho en serio las cosas sino cuando de verdad han hecho falta”, escribe Ortega y Gasset. A la vista de los resultados “educativos” de la escuela quizás convenga hacer un alto en el camino, “tomar las cosas en serio” y afrontar los cambios necesarios en la institución escolar. Se hace necesario dar el paso a un nuevo modelo autogestionado de escuela que garantice los contenidos mínimos curriculares comunes a todos los centros de enseñanza y el respeto a los principios constitucionales que a todos obligan. Esta autogestión haría posible que los centros se rijan por normas emanadas de la propia comunidad educativa y se orienten por un proyecto educativo de centro que responda a las necesidades e intereses de los alumnos y del medio en el que el centro está ubicado. No se trata con ello de “destruir” el sistema educativo y generar el caos, sino de transformarlo para que responda a los fines del mismo: que instruya y eduque; que sea el espacio en el que cada alumno/a encuentre las posibilidades de formarse académica y éticamente para integrarse activamente en su comunidad. Conocer el patrimonio cultural heredado, adquirir las competencias necesarias para ejercer de ciudadano responsable de su comunidad son exigencias que la escuela nunca debe olvidar.

La formación de ciudadanos, desde los centros de enseñanza, exige la implicación de todos los miembros de la comunidad como agentes de cambio insustituibles y la conjunción articulada de las escuelas con la comunidad. Familia, Estado, escuela y sociedad civil se encuentran en una nueva encrucijada de responsabilidad social compartida respecto de la educación que nos obliga a repensar no sólo la educación, sino a buscar nuevas formas de organización del  sistema de enseñanza. Ello exige repensar lo que estamos haciendo, evaluar los esfuerzos, recursos y resultados en la educación de las jóvenes generaciones, y sacar conclusiones.

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